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Dossier: A polícia e as polícias no mundo ibero-americano, séculos XIX e XX

Entre la republicanización y la militarización. Las transformaciones de las fuerzas policiales en la Segunda República española, 1931-1936

Entre a republicanização e a militarização. As transformações das forças policiais na Segunda República espanhola, 1931-1936
Changes in the Spanish police forces during the Second Republic, 1931-1936
Entre républicanisation et militarisation. Les transformations des forces policières durant la Seconde République espagnole, 1931-1936
Sergio Vaquero Martínez
p. 79-92

Resumos

Este artigo analisa a democratização das forças policiais durante a Segunda República espanhola, um processo incompleto que apresentou avanços e retrocessos. Em 1931, o Governo Provisório purgou os polícias com maior destaque durante a ditadura e criou a Guarda de Assalto, uma força antidistúrbios equipada com bastões, pistolas e veículos a motor. Mais tarde, os governos republicano-socialistas tentaram “republicanizar” as forças estatais, aumentaram os efectivos da Guarda de Assalto, subordinaram a Guardia Civil ao poder executivo e transferiram os serviços de polícia da Catalunha para a Generalitat. Depois da viragem conservadora das eleições de 1933, os gabinetes radical-cedistas rectificaram estas medidas, militarizando a polícia, restaurando a autonomia da Guarda Civil em benefício do poder militar, recuperando a gestão da ordem pública na Catalunha e reprimindo mais duramente as acções colectivas. Os governantes da Frente Popular recuperaram as políticas reformistas do primeiro biénio, mas o aumento dos distúrbios e confrontos violentos, assim como a politização e a perda de autoridade da polícia, deslegitimaram estas reformas, que foram finalmente interrompidas pelo frustrado golpe de estado organizado pelo exército.

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1La proclamación de la Segunda República en España el 14 de abril de 1931 vino precedida por unas elecciones municipales que habían adquirido un carácter plebiscitario al haberse dirimido en ellas la supervivencia de la dictadura del almirante Juan Bautista Aznar y de la propia Monarquía. El triunfo de la coalición republicano-socialista en las principales ciudades desencadenó una revolución, cuyo carácter pacífico se debió a la inhibición de una policía que ya había dado muestras de pasividad, cuando no de complacencia, con los revolucionarios y que en estas jornadas permaneció a la espera hasta que el director de la Guardia Civil, el general José Sanjurjo, se puso a las órdenes de Miguel Maura. Poco después, el político conservador y sus compañeros se abrían paso entre las multitudes jubilosas hacia el Ministerio de la Gobernación. En el momento en el que la guardia civil que custodiaba la puerta presentó armas y flanqueó su entrada a la orden de “Paso al Gobierno de la República”, quedó consumado el traspaso de poderes (Mola Vidal 1940, 255 y 323; Maura 1962, 165-172).

2La tesis dominante sobre las políticas republicanas de orden público sostiene que las reformas fueron tan tímidas e insuficientes que solo conllevaron la recuperación del modelo militarista, centralizado y autoritario del régimen de la Restauración (González Calleja 2014, 51-55; Ballbé 1983, 334-336; Serrano García, 2016). En cambio, otros autores han defendido que las medidas republicanizadoras de los gobiernos de izquierda supusieron un cambio respecto al pasado, cuya moderación se debió a la necesidad de mantener un equilibrio entre las presiones del Ejército y los sindicatos (Blaney 2007, 34-37; Palacios Cerezales 2011, 644-646). Este artículo pone a prueba esta interpretación analizando las transformaciones relativas a la desmilitarización, la descentralización, la profesionalización, la depuración de responsabilidades y la adopción de técnicas y armas no letales por parte de los cuerpos policiales. El objetivo es valorar si hubo algún tránsito del tipo predemocrático de la “Policía del Rey”, que antepone la defensa del Estado y el mantenimiento del orden, al modelo democrático, que prioriza el servicio a la comunidad y el respeto por los derechos cívicos. En suma, lejos de emplear el rasero de las democracias actuales, se parte de la premisa de que la República fue una nueva democracia “militante” del periodo de entreguerras que, como tantas otras, asumió poderes extraordinarios para defenderse de los ataques que estaba recibiendo desde ambos extremos políticos (Della Porta y Reiter 1998, 4-5; Capoccia 2007, 24).

3Las fuentes primarias empleadas son el diario oficial del Estado –la Gaceta de Madrid–, las revistas policiales y las memorias de los gobernantes. Asimismo, para comprender mejor su cultura profesional, el estudio se centra en las dos principales fuerzas del periodo: la Guardia Civil –la “Benemérita”–, una gendarmería militar destinada originalmente al campo que pasó de 28.000 a 32.500 hombres; y la Policía Gubernativa, un organismo civil y urbano formado por el Cuerpo de Vigilancia, que era una policía de investigación vestida de paisano que aumentó de 3.440 a 5.600 agentes, y el Cuerpo de Seguridad, otra fuerza de represión uniformada con disciplina y mandos militares que creció de 5.600 a 17.000 efectivos (Palacios Cerezales 2011, 602).

4Para terminar, el texto se divide en tres secciones diferentes. El primer apartado analiza las políticas modernizadoras y republicanizadoras de los gobiernos republicano-socialistas entre 1931 y 1933. El siguiente epígrafe aborda la contrarreforma militarista y centralizadora de los gabinetes radical-cedistas en el segundo bienio. La última sección estudia el restablecimiento de las medidas reformistas y la politización de la policía durante la etapa del Frente Popular.

1. La republicanización de las fuerzas de orden público

  • 1 Gaceta de Madrid, 15-IV-1931, nr. 105, pp. 194-195; 16-IV-1931, nr. 106, p. 199; 3-V-1931, nr. 123, (...)

5El Gobierno Provisional comenzó su andadura promulgando una amnistía política y aprobando un estatuto jurídico de “plenos poderes” en el que prometía ensanchar los derechos civiles, aunque consignando su competencia para fiscalizar su ejercicio. También derogó la Ley de Jurisdicciones, que reservaba diversos delitos de orden público a la jurisdicción castrense bajo la acusación de insulto a fuerza armada. Sin embargo, el recurso al estado de guerra y la ambigua definición del delito militar permitieron que los consejos de guerra siguieran juzgando delitos civiles (Ballbé 1983, 347 y 349). Por otra parte, el Ejecutivo disolvió los Somatenes, unas guardias cívicas potenciadas por la dictadura, salvo en Cataluña; y cesó a 358 suboficiales y sargentos del Ejército que habían ingresado en el Cuerpo de Vigilancia por una orden de 1926 que contravenía el ingreso por libre oposición establecido en la ley de 1908. No obstante, lo más relevante fue la supresión del reglamento policial de 1930 – cuyo autor, el general Emilio Mola, sería encarcelado por su actuación como último director de Seguridad de la dictadura–, porque dejaba al arbitrio del nuevo director qué preceptos debían subsistir hasta su sustitución. Esta indefinición llevó a la policía a pedir otro estatuto para conocer cuáles eran sus derechos y obligaciones, pero este nunca llegó a aprobarse.1

  • 2 “Lealtad de la Guardia Civil”, Revista Técnica de la Guardia Civil, mayo de 1931, pp. 242-243; “En (...)
  • 3 “La moderna Guardia Civil”, Revista Técnica de la Guardia Civil, mayo de 1931, p. 259; “La Guardia (...)

6Ante la llegada de la República, las fuerzas policiales subrayaron su neutralidad política, su acatamiento de la voluntad nacional y la necesidad de mantener el principio de autoridad. Una corriente reformista presionaría para potenciar su profesionalización, limitando su dependencia del Ejército y del poder político, y su centralización, mediante la creación de un “Ministerio de Policía”; así como para adoptar un trato más flexible similar al de los policías ingleses y el empleo de herramientas antidisturbios no letales como bastones o mangas de agua (Palacios Cerezales 2011, 605 y 609).2 También en la Guardia Civil había una minoría reformadora proclive al uso de gases lacrimógenos, aunque era menos numerosa y no estaba dispuesta a renunciar a su carácter militar ni a la utilización de material de guerra ante muchedumbres armadas. Esto reforzó la mala imagen que este instituto tenía entre los sindicatos como símbolo de la represión de la dictadura, a pesar de que su revista intentaba rebatirla presumiendo de su “espíritu humanitario”, de tener el amor del “verdadero pueblo español” y de sus raíces proletarias.3

  • 4 Gaceta de Madrid, 14-V-1931, nr. 134, pp. 715-716; 29-V-1931, nr. 149, pp. 1.021-1.027.

7La indeterminación de las políticas policiales del Gobierno se hizo patente en los disturbios anticlericales de mayo. Maura quería sacar a la guardia civil pero sus compañeros se lo impidieron para evitar que disparase contra el pueblo, lo que acabó obligándoles a declarar el estado de guerra y a llamar al ejército. Tras los sucesos, Ángel Galarza sustituyó a Carlos Blanco como director general de Seguridad y tomó medidas para destruir las fichas dactiloscópicas de republicanos y socialistas compiladas en el pasado y para reorganizar la Dirección General de Seguridad (DGS). También intensificó la depuración de los policías más identificados con la dictadura anulando 54 ascensos por libre elección, creando la situación de “excedencia forzosa” para purgar a 13 agentes de Vigilancia y convocando oposiciones para 300 plazas en la Escuela de Policía (Miguélez Rueda 1997, 219).4

  • 5 “Cómo ha nacido y se prepara la sección de Asalto del Cuerpo de Seguridad”, Policía Española, 17-VI (...)

8Este episodio decidió a los dirigentes a impulsar la modernización de la Policía, abandonando la idea de institucionalizar la guardia cívica que habían formado las organizaciones republicanas y socialistas tras la revolución. El problema era que Maura, a diferencia de sus colegas, se negaba a reformar la Guardia Civil para que no perdiera autoridad, pese a ser consciente de que su armamento –el sable y el fusil Mauser– y su rígida disciplina provocaban demasiadas muertes frente a las protestas urbanas. Por ello impulsó la creación de las Secciones de Vanguardia y Asalto en el Cuerpo de Seguridad, una unidad antidisturbios comandada por oficiales del Ejército e integrada por jóvenes entrenados físicamente y equipados con vehículos, bastones, pistolas y gases lacrimógenos, capaz de contener a las multitudes sin generar víctimas y mantener la simpatía del “pueblo”. Además, en julio se formó el Cuerpo de Policía Local con los sargentos y suboficiales que habían sido cesados previamente, para la vigilancia de los pueblos pequeños. El objetivo era eliminar su sujeción al Ministerio de Guerra y al fuero militar y contrarrestar la falta de profesionalidad de unas guardias municipales aún mediatizadas por los intereses caciquiles y los vaivenes de la política local. No obstante, la policía criticaría su falta de preparación en comparación con los agentes de Vigilancia debido a la formación que estos recibían en la Escuela de Policía (Maura 1962, 178-179, 206, 243-260 y 275; Palacios Cerezales 2011, 612 y 617).5

  • 6 “Austeridad y orden”, Policía Española, 16-X-1931, p. 11; Gaceta de Madrid, 22-X-1931, nr. 295, pp. (...)

9En octubre de 1931 el republicano de izquierdas Santiago Casares Quiroga asumió la cartera de Gobernación haciendo gala de un discurso más duro frente a los “enemigos” del régimen: “Extremismos con los extremistas, y paz con los ciudadanos que cumplan como tales”. Esta idea se plasmó en la Ley de Defensa de la República, una norma que le permitiría tomar medidas extraordinarias frente a las huelgas ilegales y los actos insurreccionales a costa de poner en entredicho las libertades civiles, pero que en la práctica resultaba más mesurada que la tradicional suspensión de garantías constitucionales. En paralelo, Casares intensificó la reforma y “republicanización” de la fuerza pública ampliando la Guardia de Asalto, alejando a la Guardia Civil de las ciudades y tolerando las protestas republicanas y socialistas. No obstante, esta política sufriría un serio contratiempo en Castilblanco, donde una multitud “enloquecida por propagandas disolventes” asesinó a cuatro guardias, y en Arnedo, donde la Benemérita mató a once huelguistas como represalia. Ello reactivó el debate entre unos sindicatos que pedían la disolución del Instituto y una extrema derecha que denunciaba su indefensión para que se rebelara. La respuesta del Gobierno fue trasladar a Sanjurjo a la dirección de los Carabineros –otro instituto militar encargado de la vigilancia de las costas y las fronteras– por haber declarado que en Castilblanco había un “foco rifeño” y contratar a 2.500 guardias de Asalto (González Calleja 2014, 100-101 y 193-194; Azaña 2000, 425).6

  • 7 “Cómo protege la justicia al policía inglés”, Policía Española, 16-XII-1931, p. 20; “El fracaso de (...)
  • 8 “La esterilidad de la rebeldía contra la República”, Revista Técnica de la Guardia Civil, noviembre (...)

10Desde finales de año la policía se mostró más crítica con su falta de protección jurídica porque entendía que eso era lo que permitía a los agentes británicos servir desarmados. Además, aunque no abandonó su discurso reformista, algunas voces anunciaron el “fracaso de la porra” y condenaron la pasividad gubernativa frente a la extrema izquierda. Precisamente, en la primavera de 1932 el Gobierno decidió dotar de ametralladoras, fusiles y morteros a la Guardia de Asalto para que sofocara las rebeliones anarquistas en lugar de la Guardia Civil, lo que paradójicamente le hizo perder parte de su razón de ser como fuerza antidisturbios (Palacios Cerezales 2011, 611).7 Por su parte, la Benemérita insistió en reprimir con “mano dura” esos “chispazos de indisciplina social” y pidió reforzar los puestos con ametralladoras, vehículos y bombas, y un mayor reconocimiento de su autoridad para no tener que causar víctimas. No obstante, su revista siguió glosando avances como el camión-tanque de agua adquirido por la DGS y criticó la suspensión de la Academia Especial al entender que la oficialidad debía proceder del Instituto y no del Ejército por estar más capacitada.8

  • 9 Gaceta de Madrid, 12-VIII-1932, nr. 225, p. 1.122; 14-VIII-1932, nr. 227, pp. 1.205-1.207; 17-VIII- (...)

11La lealtad de la guardia civil se vio comprometida el 10 de agosto de 1932 debido al pronunciamiento fallido de Sanjurjo, lo que fue aprovechado por el Gobierno para depurar y supeditar este cuerpo al poder civil. Para ello autorizó la separación de los funcionarios que realizaran actos de hostilidad contra la República, disolvió el IV Tercio y sustituyó las Direcciones Generales de Carabineros y Guardia Civil por unas Inspecciones Generales, perdiendo su subordinación parcial respecto al Ministerio de Guerra para depender en exclusiva de los de Gobernación y Hacienda, donde se creaba una Sección Especial formada por funcionarios civiles. En suma, para paliar el descontento causado por el castigo de los guardias implicados y evitar su conversión en mártir, el Gobierno sustituyó la condena a muerte impuesta a Sanjurjo por la de reclusión perpetua. La Revista Técnica agradeció esta muestra de benevolencia y elogió al Ejecutivo por querer potenciar su vertiente más civil, aunque poco después empezó a pedir la creación de una Junta de Jefes y el ingreso de algunos de sus mandos en la Sección Especial para que los asuntos militares no fueran tratados por civiles.9

  • 10 Gaceta de Madrid, 9-IX-1932, nr. 253, pp. 1.795-1.796; 21-IX-1932, nr. 265, pp. 2.090-2.094; 29-XII (...)

12Respecto a la Policía, el Gobierno aumentó la Guardia de Asalto en otros 2.500 efectivos para restarle preponderancia a la Guardia Civil y aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, un texto que cuarteaba la clásica centralización del sistema de orden público español al disponer la creación de un órgano de poder ejecutivo regional: la “Generalitat”, que gestionaría los servicios policiales en su territorio. Más tarde, mediante la Ley de Presupuestos se constituyó el Cuerpo de Vigilantes de Caminos para que sustituyera a la Benemérita en el control del tráfico. Además, el Cuerpo de Vigilancia recibió la más moderna denominación de “Cuerpo de Investigación y Vigilancia”, mientras que el de Seguridad pasaría a llamarse “Cuerpo de Seguridad y Asalto”. Por último, en la primera corporación se creó una escala auxiliar para reintegrar a los agentes del Cuerpo de Policía Local, que quedaba así disuelto.10

  • 11 “Hora y silueta de la fuerza de Asalto”, Policía Española, 2-II-1933, pp. 11-13; “Obediencia debida (...)

13La legitimidad gubernativa se resquebrajó el 12 de enero de 1933 con el asesinato de 23 campesinos en Casas Viejas a manos de la guardia de Asalto durante una insurrección anarquista, lo que dio pie a una fuerte ofensiva parlamentaria y mediática contra el Gobierno por negar los hechos, a la detención del director de Seguridad Arturo Menéndez y al procesamiento del capitán al mando Manuel Rojas (González Calleja 2014, 146-150). Al principio la policía defendió a sus compañeros y lamentó que no les dejaran mostrar su “significado verdadero” como una milicia ciudadana al servicio del público, pero acabó reconociendo que la “obediencia no excluye el examen de la moralidad que en ella va envuelta”. Respecto a Cataluña, insistió en que debía tenderse a la unificación, no a la fragmentación, y denunció que la policía de la Generalitat se estaba formando con “escamots”, que eran las milicias de Esquerra Republicana de Catalunya.11

  • 12 Gaceta de Madrid, 30-III-1933, nr. 89, p. 2.340; 23-IV-1933, nr. 113, pp. 586-587; 30-VII-1933, nr. (...)

14Las reformas siguieron con la creación de una Secretaría Técnica en el Ministerio de la Gobernación para mejorar la coordinación entre la Benemérita y la Policía, y con la formación de una Junta de Seguridad que gestionaría el traspaso de servicios a la Generalitat. Asimismo, el 28 de julio se aprobó una nueva Ley de Orden Público que hacía posible dar una respuesta más graduada a los desórdenes al crear un tercer estado de excepción –el de prevención, que se sumaba a los de alarma y guerra–, aunque el abuso de este recurso conllevaría la frecuente suspensión de importantes derechos constitucionales (González Calleja 2014, 200-206). Por último, el gabinete suprimió 9 de los 28 Tercios de la Guardia Civil, incluidos los dos Móviles, y creó el de Ferrocarriles; fijó un mínimo de una clase y seis guardias por puesto, suprimiendo 200 destacamentos; eliminó las Unidades de Caballería y convirtió todas en Mixtas; y constituyó el Cuerpo de Suboficiales y ordenó un aumento de los sueldos. Sin embargo, esto no compensaría la amortización de 9 coroneles, 15 tenientes coroneles, 54 comandantes, 76 capitanes y más de 1.290 guardias de segunda, el estancamiento de las escalas y la falta de reconocimiento de los derechos de viudedad y orfandad de los cabos y guardias (Aguado Sánchez 1984, 46-48).12

2. La militarización de las instituciones coercitivas

  • 13 Gaceta de Madrid, 24-IX-1933, nr. 267, p. 1.861; 15-X-1933, nr. 288, pp. 414-415; 19-X-1933, nr. (...)

15La destitución de Manuel Azaña en septiembre de 1933 dio paso a un gobierno republicano de centro en el que Diego Martínez Barrio, ministro de la Gobernación y luego presidente, buscó robustecer la autoridad, aplicar la ley más imparcialmente y rectificar las reformas para mitigar el malestar policial (Martínez Barrio 1983, 218 y 316). Por ello creó la Oficina de Información y Enlace con el fin de fortalecer la defensa del Estado, sobreseyó los expedientes disciplinarios salvo los muy graves, posibilitando la vuelta de varios oficiales depurados, y anuló la Sección Especial incluyendo mandos de la Benemérita y quitándole competencias en beneficio de la Inspección General.13

  • 14 “Las reformas”, Revista Técnica de la Guardia Civil, diciembre de 1933, pp. 453-456; “El traspaso d (...)

16La guardia civil consideró necesarias estas contrarreformas para corregir la “deformación” producida por un ministro civil incapaz de entender su “abolengo militar”, pero rechazó la transferencia de atribuciones a la Generalitat por ser incompatible con un servicio “tan del Estado unitario, tan español, tan indivisible, como el de la Guardia Civil”. La policía también se opuso al traspaso aunque su particular preocupación fue que los guardias de Seguridad no tuvieran problemas para votar en las elecciones, ya que, pese a estar sujetos a una disciplina militar, seguían siendo civiles. El episodio más impactante de diciembre fue la tercera rebelión anarquista, de la que la prensa corporativa destacó la serenidad y firmeza del Gobierno y el heroísmo de la fuerza ante unos actos “inspirados en una exaltación de la más negra locura” que dejaron más de cien muertos. Poco después el Ejecutivo declaró los sucesos como “hechos de guerra” para recompensar a las víctimas de las fuerzas estatales, incluyendo significativamente al Cuerpo de Seguridad, a diferencia de los gabinetes anteriores.14

  • 15 Gaceta de Madrid, 13-III-1934, nr. 72, p. 1.948; 14-III-1934, nr. 73, p. 1.972; 22-III-1934, nr. 81 (...)

17Las elecciones abrieron una fase de predominio de los radicales de centro-derecha en el Gobierno sustentado en el apoyo parlamentario de la CEDA, la derecha católica. El nuevo ministro, Rafael Salazar Alonso, inició una política contrarreformista para que la Guardia Civil fuera lo que siempre había sido y recuperase esa “interior satisfacción” que había perdido a raíz de sus enfrentamientos con los ayuntamientos socialistas, con la idea de obtener su favor y consolidar así su recién adquirida preeminencia política (Salazar Alonso 1935, 34-35; Blaney 2007, 50). Para empezar sustituyó la Secretaría Técnica por un Negociado de “Intervención de armas y explosivos y de coordinación y enlace con los servicios de orden público” en la Inspección General de la Benemérita y contrató a 1.000 guardias de Asalto y a 1.200 guardias civiles. Además dispuso que el Tercio Móvil de Ferrocarriles volviera a ser el Tercio Móvil y reorganizó la Guardia Civil en 23 Tercios, aumentando sus efectivos en 7 tenientes coroneles, 78 tenientes, 39 subtenientes, 9 brigadas, 3.582 guardias de Infantería y 322 de Caballería (Aguado Sánchez 1984, 57).15

  • 16 Gaceta de Madrid, 19-IV-1934, nr. 109, pp. 369-370; “¿Reformas?”, Revista Técnica de la Guardia Civ (...)

18Asimismo, se formó una comisión para redactar una ley de Policía que fue mejor recibida por la guardia civil porque esperaba dejar de ser un “conejillo de laboratorio” y volver a “los tiempos de su fundador”, aunque también se quejó de que siguiera sin reabrirse la Academia Especial y de la diferencia de trato respecto a otras Armas del Ejército. La policía denunció el “estado caótico” provocado por los repetidos intentos de reformarla y, a diferencia de la Benemérita, no aprobó la amnistía de los condenados por la “Sanjurjada” porque conllevó la liberación de 3.539 presos, ni el aumento de la represión, ya que abogaba por potenciar su vertiente más preventiva para que sus fuerzas pudieran ser “respetadas más por lo que representan que por lo belicoso de su armamento” (Palacios Cerezales 2011, 630). En respuesta, el Gobierno le compensó otorgando licencias de armas cortas a algunos jubilados y retirados del Cuerpo de Seguridad para disponer de ellos como una fuerza de reserva, tal y como había hecho con otras corporaciones.16

  • 17 Gaceta de Madrid, 7-X-1934, nr. 280, p. 194; 9-X-1934, nr. 282, p. 228; 11-X-1934, nr. 284, pp. 259 (...)

19Las políticas de orden público cambiaron radicalmente a raíz de la revolución de octubre de 1934, que fue protagonizada principalmente por socialistas y republicanos catalanistas y dejó un mínimo de 1.196 muertos, incluidos 86 guardias civiles y 70 agentes, y 2.088 heridos, entre los cuales hubo 77 del Instituto y 74 de la Policía (González Calleja 2014, 233). Bajo la dirección del general Franco, el Gobierno declaró el estado de guerra; utilizó soldados, guardias retirados y miembros de partidos de derechas como fuerzas auxiliares; y militarizó a los guardias municipales y envió a Asturias a los legionarios y los regulares del Protectorado marroquí. El carácter bélico de este episodio llevó a la prensa policial a rememorar durante meses las epopeyas y el martirio de esos héroes que cayeron en “holocausto de la Patria” como “vanguardia del Ejército”, resistiendo en sus misérrimas casas-cuarteles el asedio de los enemigos de la República, la legalidad y la “civilización”. El Gobierno reforzó esta actitud abriendo una suscripción pública, asegurando las pensiones de las viudas y los huérfanos de los funcionarios caídos y calificando los sucesos como “hechos de guerra”.17

  • 18 “La proyectada reorganización”, Policía Española, 2-II-1935, p. 8; Gaceta de Madrid, 17-X-1934, nr. (...)

20La reacción del nuevo ministro Eloy Vaquero fue intensificar la construcción de ese “Estado gendarme” denunciado por la oposición, reforzando los cuerpos de Vigilancia y Seguridad con 4.622 hombres y el de la Guardia Civil con 3.937, adelantando el final de los cursos de la Escuela de Policía y reconociendo oficialmente el Servicio de Identificación, creando para su dirección una Inspección General en la DGS. Lo más destacable fue la recuperación de las atribuciones policiales en Cataluña. Esto supuso la incorporación de 689 agentes y 1.984 guardias al Estado, aunque más de 700 agentes nombrados por la Generalitat fueron cesados y otros 110 que habían pedido el traspaso fueron suspendidos y algunos hasta procesados. Por último, el ministro ordenó la publicación del reglamento del Cuerpo de Vigilantes de Caminos y dispuso que quedara militarizado por razones de “prestigio” (González Calleja 2014, 176-184).18

  • 19 “Cuerpo de Seguridad y Asalto”, El Benemérito Español, agosto de 1935, p. 33; “Agrupación de Acción (...)
  • 20 “Asturias”, Revista Técnica de la Guardia Civil, febrero de 1935, pp. 70-72; “Necesidad de crear De (...)

21Tras la insurrección las revistas exhibieron una retórica más autoritaria a favor de la militarización de los cuerpos policiales y su actuación como “unidades militares armadas”; la formación de guardias cívicas en defensa de la patria, la religión y el orden social; y el “rescate” de los servicios en Cataluña al entender que el Estado necesitaba sus dos “brazos” para protegerse: el Ejército y la Policía. Sin embargo, la prensa policial rechazó el proyecto de Vaquero consistente en separar los cuerpos de Seguridad e Investigación mediante la creación de un Cuerpo de Vigilancia uniformado y la militarización del primero como la Benemérita, por ser contrario a su carácter civil y a las “esencias democráticas del régimen”.19 La guardia civil, en cambio, demandó cuarteles fortificados en Asturias y la creación de unos grupos de vanguardia dotados de vehículos, ametralladoras, cañones y lanzallamas; y asumió una postura más defensiva fruto de su miedo a que la campaña emprendida por la izquierda para que se hiciera justicia por la represión de octubre llevase a alguno de sus miembros al “banquillo”.20

  • 21 Gaceta de Madrid, 30-V-1935, nr. 150, pp. 1.767-1.768; 17-VII-1935, nr. 198, p. 626; 10-VIII-1935, (...)

22En mayo de 1935 el líder de la CEDA, José María Gil Robles, asumió la cartera de Guerra e intentó militarizar la administración del orden apoyándose en el Ejército. Por ello el ministro de la Gobernación, Manuel Portela Valladares, decidió asegurar la supremacía del poder civil reubicando la Oficina de Información y Enlace de la DGS en su ministerio, reforzando el Cuerpo de Investigación y Vigilancia mediante la convocatoria de oposiciones a agentes de tercera clase y ordenando que los agentes auxiliares prestaran servicio también en las capitales de provincia (Portela Valladares 1988, 95). En suma, debido a la proliferación de guardias cívicas tras los sucesos de octubre, en septiembre emitió unas normas y constituyó unas juntas a nivel provincial para optimizar la coordinación de las policías periféricas y auxiliares, colocando a Mossos d’Esquadra, Miqueletes, Miñones, Vigilantes de Caminos, guardas jurados y peones camineros bajo la inspección de la Guardia Civil, y a los policías municipales bajo la de la Policía.21

  • 22 “El reglamento de Policía Gubernativa”, Policía Española, 16-I-1936, pp. 9-10; “El voto de los func (...)

23Tras un breve interludio en el que la Escuela de Policía fue cerrada por motivos presupuestarios, Portela volvió el 14 de diciembre como ministro y presidente del Gobierno (Palacios Cerezales 2011, 637). Su medida más relevante fue que ordenó al director de Seguridad, Vicente Santiago, la redacción de un proyecto de reglamento policial cuyos preceptos, según la prensa corporativa, debían ser “esencialmente policíacos” y dirigidos “exclusivamente para Cuerpos civiles”, aunque tampoco llegó a aprobarse. No obstante, lo que sí que consiguió fue que la Junta Central del Censo reconociera públicamente el derecho al voto de los guardias de Seguridad.22

3. La politización de los cuerpos policiales

  • 23 Gaceta de Madrid, 22-II-1936, nr. 53, p. 1.515; 27-II-1936, nr. 58, p. 1.652; 5-III-1936, nr. 65, p (...)

24La victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936 conllevó la dimisión de Portela en favor de Azaña y la vuelta de los republicanos de izquierda al Gobierno y de sus políticas reformistas, aunque esta vez sin los socialistas. Presionado por la movilización popular, el presidente aprobó en seguida otra amnistía, algo que no fue bien recibido por la fuerza pública porque suponía la liberación de los condenados por delitos de sangre en Castilblanco y Asturias, pero no incluía ni a los guardias ni a los militares, algunos de los cuales fueron arrestados y uno incluso condenado por su papel en la represión de octubre (Blaney 2007, 54). A continuación, el nuevo gabinete restableció la Oficina de Información y Enlace y la Inspección General del Servicio de Identificación en la DGS, creó la situación de “disponible forzoso” para depurar a los mandos promocionados en el bienio anterior y reactivó la cesión de los servicios de seguridad a la Generalitat.23

  • 24¿Tibieza republicana?...”, Investigación, 29-II-1936, pp. 2-3; “Neutralidad precisa”, ¡Presente!,(...)
  • 25 “Confusionismo deplorable”, Investigación, 1-V-1936, p. 6; “El caso del Cuerpo de Seguridad y Asalt (...)

25El problema era que la confianza policial en el Gobierno había decrecido sustancialmente. Ante las acusaciones de “tibieza republicana” del nuevo director de Seguridad, sus revistas defendieron que debían mantenerse leales al poder constituido y aislados del “virus político”, y denunciaron la existencia de un “Comité de Salud Pública” que intentaba depurar la policía en un sentido falsamente republicanizador. También condenaron la inhibición gubernativa frente al pistolerismo y la protesta obrera como una claudicación de la “soberanía del poder público” que estaba minando su autoridad antes de que las reformas se hubieran consolidado, así como su permisividad respecto a unas guardias socialistas que usurpaban sus funciones y que se atrevían a registrar las casas de los propios agentes (Palacios Cerezales 2011, 644-645).24 Por último, criticaron el “confusionismo” de los funerales del agente Jesús Gisbert y el alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes, ambos asesinados por pistoleros de distinto signo político, por haber desembocado en sendas manifestaciones de carácter antifascista y derechista. De hecho, el aumento de la politización llevó a algunos policías a pedir una mayor militarización para mantener la disciplina y obtener los mismos derechos que los soldados.25

  • 26 Diario de Sesiones de Cortes, 19-V-1936, nr. 29, pp. 692-694; Gaceta de Madrid, 15-V-1936, nr. 136, (...)

26El 13 de mayo Casares sustituyó a Azaña al frente del Gobierno e inició otra política dirigida a recomponer el sistema de orden público y restablecer el principio de autoridad, abandonando la táctica de defensa por una postura “beligerante” contra el fascismo que incluía además una actitud más firme ante la izquierda (Palacios Cerezales 2011, 645). Para lograrlo ordenó a los gobernadores civiles que se atuvieran a la norma a la hora de nombrar a sus delegados para evitar que designaran a miembros de las organizaciones de clase, incluyó entre los “actos contra el orden público” aquellos cometidos con armas o explosivos que tuvieran un móvil terrorista o político, intensificó el desarme de las personas sin licencia, advirtió a los alcaldes que no ordenaran ni toleraran cacheos ilegales, e ilegalizó las huelgas y lock-outs no ajustados al procedimiento (Rey Reguillo 2008, 546).26

  • 27 Gaceta de Madrid, 24-IV-1936, nr. 115, pp. 690-691; “La subdirección de Seguridad”, Policía Español (...)

27Mientras tanto se intensificó la depuración de las fuerzas estatales y se tomaron medidas ante los rumores sobre la existencia de una conspiración militar contra la República. Primero, el Gobierno destituyó a los guardias implicados en el intento de asalto a las Cortes que siguió al funeral del alférez de los Reyes e intensificó los traslados de aquellos mandos de dudosa lealtad (González Calleja 2014, 299). Después ordenó privar de su sueldo a los militares retirados que pertenecieran a asociaciones ilegales o que cometieran acciones contra el régimen. Por último, nombró subdirector e inspector general de Seguridad a Carlos de Juan Rodríguez, que era el fiscal encargado de investigar la represión de octubre.27

28Finalmente, el 12 de julio unos pistoleros de extrema derecha asesinaron al teniente de Asalto e instructor de las milicias socialistas José del Castillo y, como venganza, un grupo formado por guardias de Asalto y por escoltas y miembros de las juventudes del Partido Socialista, liderado por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés, asesinó al líder derechista José Calvo Sotelo. Este episodio evidenció la incapacidad del Gobierno para acabar con una violencia que se había cobrado al menos 2.624 muertos durante el periodo: 1.550 causados y 445 sufridos por las fuerzas estatales. Sin embargo, lo más grave fue que reportó a los conspiradores la cohesión que necesitaban para dar el temido golpe de Estado, cuyo fracaso desencadenó una guerra civil que acabaría dividiendo irremediablemente a los cuerpos policiales (Blaney 2007, 55-56; González Calleja 2014, 311-321).

4. Conclusión

29El Gobierno Provisional inició la modernización de la Policía realizando una depuración moderada y creando nuevas fuerzas como la Guardia de Asalto, una unidad antidisturbios equipada con armas menos letales de control de la protesta. Después los gobiernos republicano-socialistas profundizaron en la “republicanización” de la fuerza pública y potenciaron la Sección de Asalto, subordinaron la Benemérita al poder civil, dispusieron el traspaso de los servicios policiales a la Generalitat, transigieron ante la movilización de sus simpatizantes y reprimieron duramente las insurrecciones anarquistas y derechistas. No obstante, los gabinetes radical-cedistas revirtieron estas reformas y le devolvieron su autonomía a la Guardia Civil como Arma del Ejército, militarizaron los cuerpos policiales, recuperaron la gestión del orden en Cataluña e incrementaron la represión de los sindicatos obreros. Por último, los gobiernos de 1936 retomaron una política reformista, menos coercitiva con las bases del Frente Popular y más centrada en la persecución del terrorismo fascista, pero el aumento de las víctimas mortales, la politización y la desautorización de la policía y los excesos de las milicias políticas deslegitimaron unas reformas que quedaron abortadas por la rebelión militar.

30Todos estos cambios demuestran la existencia de un proceso discontinuo, conflictivo e incompleto de democratización de las fuerzas policiales, que tuvo etapas de avance y retroceso y que vino acompañado de un incremento sin precedentes de la violencia política, en el que los actores que defendieron su profesionalización fueron incapaces de vencer a aquellos que presionaban por la militarización, la politización o la privatización de sus funciones.

Agradecimientos

31Esta investigación está financiada por una ayuda para la formación del profesorado universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se enmarca en el proyecto “La violencia política de 1936 y el 18 de julio como punto de ruptura. Un análisis micro”, sufragado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (HAR2015-65115-P).

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Notas

1 Gaceta de Madrid, 15-IV-1931, nr. 105, pp. 194-195; 16-IV-1931, nr. 106, p. 199; 3-V-1931, nr. 123, pp. 497-499; “Suspensión del Reglamento”, Policía Española, 16-V-1931, p. 26.

2 “Lealtad de la Guardia Civil”, Revista Técnica de la Guardia Civil, mayo de 1931, pp. 242-243; “En esta fecha histórica”, Policía Española, 17-IV-1931, p. 10; “Lo que debe ser la policía en el nuevo régimen”, 2-V-1931, pp. 13-15; “Hacia la justa orientación”, 2-VI-1931, p. 14.

3 “La moderna Guardia Civil”, Revista Técnica de la Guardia Civil, mayo de 1931, p. 259; “La Guardia Civil en los momentos actuales”, agosto de 1931, p. 360; “Disolver la Guardia Civil y armar al pueblo”, septiembre de 1931, p. 434.

4 Gaceta de Madrid, 14-V-1931, nr. 134, pp. 715-716; 29-V-1931, nr. 149, pp. 1.021-1.027.

5 “Cómo ha nacido y se prepara la sección de Asalto del Cuerpo de Seguridad”, Policía Española, 17-VI-1931, pp. 10-12; Gaceta de Madrid, 12-VII-1931, nr. 193, pp. 345-346; “El nuevo Cuerpo de Policía local”, Policía Española, 16-VII-1931, pp. 9-10.

6 “Austeridad y orden”, Policía Española, 16-X-1931, p. 11; Gaceta de Madrid, 22-X-1931, nr. 295, pp. 420-421; “Visita a Castilblanco”, Revista Técnica de la Guardia Civil, febrero de 1932, pp. 56-58; Gaceta de Madrid, 5-II-1932, nr. 36, pp. 929 y 914.

7 “Cómo protege la justicia al policía inglés”, Policía Española, 16-XII-1931, p. 20; “El fracaso de la ‘porra’”, 16-II-1932, p. 20; “Frente a los enemigos de la República”, 16-VI-1932, p. 9.

8 “La esterilidad de la rebeldía contra la República”, Revista Técnica de la Guardia Civil, noviembre de 1931, pp. 512-513; “Una cuestión interesante”, marzo de 1932, pp. 116-117; “Eso es lo sensible”, junio de 1932, p. 211; “El perfeccionamiento de los institutos de policía”, junio de 1932, p. 222; “El reclutamiento de la Oficialidad”, junio de 1932, p. 217.

9 Gaceta de Madrid, 12-VIII-1932, nr. 225, p. 1.122; 14-VIII-1932, nr. 227, pp. 1.205-1.207; 17-VIII-1932, nr. 230, pp. 1.251-1.252; 20-XI-1932, nr. 325, pp. 1.246-1.247; 26-VIII-1932, nr. 239, p. 1.475; “Las reformas”, Revista Técnica de la Guardia Civil, septiembre de 1932, p. 329; “Reformas”, noviembre de 1932, pp. 461-462.

10 Gaceta de Madrid, 9-IX-1932, nr. 253, pp. 1.795-1.796; 21-IX-1932, nr. 265, pp. 2.090-2.094; 29-XII-1932, nr. 364, pp. 2.194-2.243.

11 “Hora y silueta de la fuerza de Asalto”, Policía Española, 2-II-1933, pp. 11-13; “Obediencia debida”, 2-IV-1933, p. 13; “El problema de la Policía en Barcelona”, 16-IV-1933, pp. 9-10; “Un propósito de enorme gravedad y trascendencia”, Investigación, 5-VIII-1933, p. 3.

12 Gaceta de Madrid, 30-III-1933, nr. 89, p. 2.340; 23-IV-1933, nr. 113, pp. 586-587; 30-VII-1933, nr. 211, pp. 682-690; 11-VIII-1933, nr. 223, pp. 987-990; “El aspecto económico de las reformas”, Revista Técnica de la Guardia Civil, septiembre de 1933, pp. 354-355.

13 Gaceta de Madrid, 24-IX-1933, nr. 267, p. 1.861; 15-X-1933, nr. 288, pp. 414-415; 19-X-1933, nr. 292, pp. 489-491.

14 “Las reformas”, Revista Técnica de la Guardia Civil, diciembre de 1933, pp. 453-456; “El traspaso de los servicios a la Generalidad”, enero de 1934, p. 31; Gaceta de Madrid, 16-XI-1933, nr. 320, pp. 1.082-1.084; 9-XII-1933, nr. 343, pp. 1.654-1.656; “El voto de los funcionarios de Seguridad”, Policía Española, 2-XII-1933, p. 8; “Éxito pleno de una actuación”, 16-XII-1933, p. 9; Gaceta de Madrid, 15-XII-1933, nr. 349, p. 1.834.

15 Gaceta de Madrid, 13-III-1934, nr. 72, p. 1.948; 14-III-1934, nr. 73, p. 1.972; 22-III-1934, nr. 81, pp. 2.187-2.188; 27-V-1934, nr. 147, p. 1.328; 6-VII-1934, nr. 187, pp. 187-188.

16 Gaceta de Madrid, 19-IV-1934, nr. 109, pp. 369-370; “¿Reformas?”, Revista Técnica de la Guardia Civil, junio de 1934, pp. 229-230; “La Academia Especial del Cuerpo”, junio de 1934, pp. 231-232; “La nueva Ley de Seguridad”, Policía Española, 2-VI-1934, pp. 9-10; “Sobre los procedimientos preventivos”, 2-VII-1934, pp. 7-8; Gaceta de Madrid, 29-VI-1934, nr. 180, p. 2.037.

17 Gaceta de Madrid, 7-X-1934, nr. 280, p. 194; 9-X-1934, nr. 282, p. 228; 11-X-1934, nr. 284, pp. 259-260; “Loor a La Benemérita”, Revista Técnica de la Guardia Civil, noviembre de 1934, p. 425; “La fracasada revolución”, Policía Española, 19-X-1934, pp. 7-8; Gaceta de Madrid, 21-X-1934, nr. 294, p. 546; 2-XI-1934, nr. 306, pp. 923-924; 29-XI-1934, nr. 333, p. 1.696.

18 “La proyectada reorganización”, Policía Española, 2-II-1935, p. 8; Gaceta de Madrid, 17-X-1934, nr. 290, pp. 379-383; 27-X-1934, nr. 300, p. 754; 17-XI-1934, nr. 321, pp. 1.349-1.350; 27-XI-1934, nr. 331, p. 1.613.

19 “Cuerpo de Seguridad y Asalto”, El Benemérito Español, agosto de 1935, p. 33; “Agrupación de Acción Ciudadana”, agosto de 1935, pp. 37-38; “Nuestras previsiones, confirmadas”, Policía Española, 19-X-1934, pp. 10-11; “Las reorganizaciones en proyecto”, 2-III-1935, p. 20.

20 “Asturias”, Revista Técnica de la Guardia Civil, febrero de 1935, pp. 70-72; “Necesidad de crear Defensores Letrados para los miembros procesados de la institución policial”, julio de 1935, p. 294.

21 Gaceta de Madrid, 30-V-1935, nr. 150, pp. 1.767-1.768; 17-VII-1935, nr. 198, p. 626; 10-VIII-1935, nr. 222, p. 1.309; 18-IX-1935, nr. 261, pp. 2.173-2.178.

22 “El reglamento de Policía Gubernativa”, Policía Española, 16-I-1936, pp. 9-10; “El voto de los funcionarios”, 16-II-1936, p. 8.

23 Gaceta de Madrid, 22-II-1936, nr. 53, p. 1.515; 27-II-1936, nr. 58, p. 1.652; 5-III-1936, nr. 65, p. 1.844; 24-III-1936, nr. 84, pp. 2.326-2.327; 28-III-1936, nr. 88, pp. 2.469-2.470.

24¿Tibieza republicana?...”, Investigación, 29-II-1936, pp. 2-3; “Neutralidad precisa”, ¡Presente!, 15-III-1936, p. 2; “Al servicio del deber y de la Constitución”, Investigación, 9-VII-1936, pp. 1-2; “Carta de mi amigo”, ¡Presente…!, 15-IV-1936, p. 6; “Carta de mi amigo”, 1-VI-1936, p. 13.

25 “Confusionismo deplorable”, Investigación, 1-V-1936, p. 6; “El caso del Cuerpo de Seguridad y Asalto ante la Comisión interministerial”, 1-VII-1936, p. 6.

26 Diario de Sesiones de Cortes, 19-V-1936, nr. 29, pp. 692-694; Gaceta de Madrid, 15-V-1936, nr. 136, p. 1.527; 29-V-1936, nr. 150, p. 1.803.

27 Gaceta de Madrid, 24-IV-1936, nr. 115, pp. 690-691; “La subdirección de Seguridad”, Policía Española, 16-VII-1936, p. 7.

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Para citar este artigo

Referência do documento impresso

Sergio Vaquero Martínez, « Entre la republicanización y la militarización. Las transformaciones de las fuerzas policiales en la Segunda República española, 1931-1936 », Ler História, 70 | 2017, 79-92.

Referência eletrónica

Sergio Vaquero Martínez, « Entre la republicanización y la militarización. Las transformaciones de las fuerzas policiales en la Segunda República española, 1931-1936 », Ler História [Online], 70 | 2017, posto online no dia 14 Setembro 2017, consultado no dia 26 Setembro 2017. URL : http://lerhistoria.revues.org/2778 ; DOI : 10.4000/lerhistoria.2778

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Sergio Vaquero Martínez

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